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El liberalismo, la Constitución de 1863 y la Reforma Constitucional de 1936

Liberalismo y democracia

 
     
 

Las ideas liberales tuvieron su génesis hace varios siglos y se fortificaron con el Renacimiento, la Reforma Protestante, el racionalismo, el enciclopedismo y la Revolución Francesa. Sin embargo, el término liberal en el lenguaje político, lo mismo que el de guerrilla, sólo vinieron a ser utilizados a comienzos del siglo XIX, como aporte de la lengua española. Durante la invasión napoleónica gran parte del pueblo español se insurreccionó y actuó militarmente contra el invasor en la forma que ahora se denomina guerrilla. Por otra parte, un sector ilustrado imbuido de las ideas de la Enciclopedia y la Revolución Francesa, al que se denominó los afrancesados, propugnó en España por una Constitución, instituciones modernas, libertades públicas, oposición al autoritarismo y lucha contra el fanatismo y la intolerancia. A ese grupo, que tuvo fuerte influencia en la América hispana, se le dio el nombre de liberales, término que como ya se dijo, se expandió universalmente.

En el liberalismo clásico se reconocen, entre otros, los siguientes elementos doctrinarios: la Constitución como factor de seguridad para los ciudadanos; la libertad frente al autoritarismo; la igualdad de derechos ante la ley; el respeto de todas las opiniones, las cuales aunque se consideren erróneas deben tener libertad para expresarse; una actitud secular frente a las religiones, que como todas las opiniones deben ser respetadas y toleradas; que los gobiernos, sean estos repúblicas o monarquías, basen su legitimidad en el consentimiento de los gobernados ya que "los derechos que consagran la libertad son inherentes a la persona humana"[1] . El liberalismo es racionalista, el hombre es una criatura racional, y en contra de lo que pregonan el oscurantismo y el fanatismo, la verdad se puede descubrir por la razón. El liberalismo cree en el progreso. El hombre nace ignorante pero no malo y la humanidad avanza hacia una civilización siempre mejor. El liberalismo es un estilo, existe un talante liberal. [2] En lo económico, el liberalismo propugnaba por un mínimo de intervención del Estado y por dejar que las fuerzas del mercado regularan la economía.

Ahora bien, a partir del siglo XIX la sociedad cambió vertiginosamente. Al mismo tiempo que se desarrollaba el capitalismo y que se acumulaba una riqueza nuca vista, surgió una nueva fase del colonialismo, se ejerció el imperialismo, se acentuaron las desigualdades entre una pujante burguesía en ascenso y un proletariado famélico, las crisis económicas se presentaron periódicamente y el manejo de la economía se hizo cada vez más complejo, poniendo sobre el tapete la pregunta de si para una gestión adecuada, bastaba un mínimo de Estado, o si era preciso que este asumiera nuevas funciones. Frente al reto, una vertiente liberal dio una respuesta democrática respecto a lo que se denominó la cuestión social, y se desarrolló el socialismo democrático y el constitucionalismo social. La otra permaneció estática y como opción política prácticamente desapareció.

Fue en esa transición, cuando la mayoría de los partidos liberales en el mundo, pero especialmente en Latinoamérica, comenzaron a esfumarse al quedar anclados en principios válidos pero no suficientes frente a las nuevas realidades. Por el contrario en los años veinte y treinta del siglo XX, el Partido Liberal Colombiano captó la situación y, al mismo tiempo que sostenía sus principios clásicos, adecuó su programa y su práctica y de nuevo se hizo vocero de los intereses populares manifestados en el campesinado y en sectores sociales que, como el proletariado y las clases medias, comenzaban a irrumpir en la vida política. Al incorporar lo social, el Partido Liberal garantizó una supervivencia que lo mantuvo durante el siglo XX. La Constitución de 1863 y la Reforma Constitucional de 1936, ambas expedidas por constituyentes homogéneamente liberales, marcan y consagran en nuestro país, esos momentos de evolución.

La Constitución de 1863

Una Constitución de la envergadura de la de 1863 no es el simple producto de unos tribunos. Los brillantes discursos de Rojas Garrido, Camacho Roldan, Camilo Antonio Echeverri, Manuel Ancisar, Justo Arosemena, José Hilario López o Tomás Cipriano de Mosquera, para no citar sino a algunos de los constituyentes de Rionegro, expresaban una doctrina pero también una posición para tratar de regular una sociedad concreta, por medio de una Constitución. Sus ideas traían la carga de muchos debates anteriores, de diferentes intentos de organización institucional, de experiencias vividas en el manejo de los asuntos públicos, y la certera convicción de que sus principios eran los adecuados para el manejo de la sociedad, para la mejor felicidad de los pueblos como entonces se decía, y para forjar una nacionalidad que aún era incipiente. Entre los constituyentes de Rionegro había veteranos de la guerra de independencia que por cuarenta años venían sirviendo a la República y jóvenes recién incorporados a los asuntos del Estado, durante las profundas transformaciones del medio siglo, adelantadas por el partido liberal para convertir en realidad su credo: liberación de los esclavos, freno al autoritarismo y consagración de libertades públicas y de pensamiento, desmonte de un sistema tributario arcaico heredado de la Colonia, modificación de la estructura agraria de acuerdo con sus patrones doctrinarios, liberalizando tierras comunales y, tratamiento del problema regional por medio de la descentralización de rentas e implantación del sistema federal.

La obra de los constituyentes del 63 suele apreciarse entre nosotros desde una óptica parcial e interesadamente injusta. Lo primero, es que para valorar su obra no se tiene en cuenta la situación de la sociedad colombiana a mediados del siglo XIX. Existían una población paupérrima y analfabeta; un incipiente sentimiento nacional en formación, aplastado por el peso de los regionalismos y los caudillismos, en un país que no tenía vías de comunicación y que ni siquiera había delimitado sus fronteras; una herencia colonial que se manifestaba en la mentalidad autoritaria, el fanatismo y la ausencia de pluralismo y de tolerancia ante la opinión o la creencia ajena; un clero todopoderoso con mentalidad de contrarreforma, participante activo en la política, en defensa del statu-quo; una iglesia celosa de sus privilegios y parapetada en una inmensa riqueza que inmovilizaba el desarrollo de la economía.

Lo que en Rionegro se discutía y se plasmaba hacía parte de la controversia política de Occidente entre igualdad ante la ley, tutelada por la República, o el autoritarismo, personificado en la monarquía, la opción entre centralismo o federalismo, entre una autoridad arbitraría o una limitada por la constitución, entre un mundo secular y tolerante o una sociedad teocrática e intolerante.

A mediados del siglo XIX, la situación política de Latinoamérica era muy similar. La lucha partidista se desarrollaba entre liberales y conservadores, en la tribuna y en los campamentos, y la contienda ideológica era entre centralistas y federalistas, librecambistas y proteccionistas, partidarios del Estado secular o de un Estado con el predominio de un credo. Desde el comienzo de su vida independiente, Argentina padecía el enfrentamiento sangriento entre Buenos Aires y las provincias y a duras penas conseguía domeñar a los caudillos regionales y establecer un orden civil con Mitre y con Sarmiento. Venezuela, que en 1864 discutía una constitución con problemática cercana a la de Rionegro, en medio de sangrientas guerras, intentaba aclimatar el régimen federal y acabar con la preponderancia de los caudillos. Y Méjico, que también venía padeciendo los mismos males, los veía agravados por la intromisión extranjera para establecer la monarquía ante la altiva respuesta civil de Juárez, el prototipo de los principios liberales.

La particularidad en Colombia fue que en Rionegro el constituyente logró imponer la Constitución a Mosquera, caudillo victorioso, y que este la aceptó, marcando así un hito en lo que ha sido la historia del país, en la cual los dictadores han sido excepcionales y fugaces. La Constitución de 1863 consagró las libertades ciudadanas y el pluralismo. En el centro de su estructura confirmó el federalismo que ya el país había establecido indirectamente, a partir de 1854, con la creación del Estado de Panamá, seguido por Antioquia y por otros seis estados y que había sido ratificado explícitamente por la Constitución de 1858. El sistema federal ni era extraño ni era utópico. Era la respuesta adecuada para las sociedades del Nuevo Mundo, asentadas en vastos territorios, cuando apenas se estaba conformando la nacionalidad. Sobre el federalismo y las atribuciones del Estado central y de los Estados federales, giró el debate fundamental en las deliberaciones que dieron lugar a la Constitución de Filadelfia en 1787. Por ello no es casual que sea El Federalista, escrito por Hamilton y Madison, la obra que mejor la explica y la que dio los argumentos para que los estados federales la aprobaran. Y no sólo por razones doctrinarias sino por ser el adecuado, el sistema federal fue adoptado también por Argentina, Brasil, Venezuela y Méjico.

El calumniado federalismo, que en otras partes ha rendido sus frutos, acá no fue una mala cosa. Permitió domeñar los ímpetus de los caudillos militares; propició el desarrollo de regiones como Antioquia que, durante ese período y gracias a que pudo manejar sus propios recursos, experimentó su despegue económico y pasó de provincia pobre y atrasada a convertirse en una región pujante. Como lo muestra la nueva historiografía, en el seno del federalismo creció el comercio internacional y se desarrollaron las exportaciones de oro y de productos agrícolas como el tabaco, la quina y el añil. A diferencia de lo que no logró el centralismo agobiante de la Constitución de 1886 con Panamá, salvó la unidad nacional, permitiendo las particularidades regionales. Y en contra de lo que se pretende falsamente, en un siglo violento y marcado por las guerras civiles en Colombia y en el Continente, impidió la confrontación en el orden nacional, pues como gráficamente lo dijo en sus memorias Quijano Wallis, el federalismo descentralizó las guerras, reduciendo su magnitud al teatro regional.

El contenido filosófico liberal de la constitución de 1863 tiene hoy un sello de evidente modernidad. Visto a la luz de la nueva agenda internacional y en el lenguaje de lo que ahora denominamos derechos humanos, mantiene profunda vigencia su respeto por el pluralismo y por los derechos de los ciudadanos. Ahora que la comunidad internacional se horroriza ante el cadalso, la disposición que suprimía la pena de muerte se constituye en un hecho avanzado. Frente a la sociedad que vivió las prácticas del holocausto, de las dos guerras mundiales y de las guerras coloniales, no puede dejar de sorprender por su modernidad el que, ya en 1863, una constitución consagrase el respeto al derecho de gentes, equivalente hoy al derecho internacional humanitario.

De la Regeneración a la Segunda República Liberal

El Partido Conservador se abstuvo de concurrir a las urnas en el proceso electoral de 1934 que llevó a la presidencia a Alfonso López Pumarejo. Por esa razón, el Partido Liberal se encontró solo en el Parlamento y pudo dictar un estatuto constitucional en que plasmó su pensamiento doctrinario, en 1936. La hegemonía conservadora se había prolongado por medio siglo hasta que, en 1930, con el triunfo de Olaya Herrera, se inició la segunda República Liberal que duró hasta 1946. Pero antes de llegar a esa situación habían sucedido muchas cosas y el Partido Liberal había asimilado los golpes, entendido las nuevas situaciones, avanzado en sus programas y renovado sus cuadros. Veamos:

En palabras de un Nuñez victorioso por la guerra, la Constitución de Rionegro había dejado de existir y en su lugar se expidió la de 1886 con un cariz ideológico totalmente contrario al anterior. Con la llamada "Regeneración" se inició un período de proscripción de las ideas liberales y de persecución del partido y de sus miembros. Entre 1886 y 1904, al Partido Liberal sólo se le permitió elegir dos representantes a la Cámara en todo el período y ningún senador. Todo ello fue la causa de la Guerra de los Mil Días que dejó cien mil muertos, produjo la pérdida de Panamá y dejó una sociedad y una economía en ruinas. A partir de ese momento, los jefes liberales, especialmente Uribe Uribe y Benjamín Herrera, optaron para el partido por el camino de la reforma a través de los métodos pacíficos, de la controversia política y de la organización. Con el nuevo siglo se hacía más evidente que los antiguos postulados filosóficos del liberalismo no eran suficientes para dar respuesta a las necesidades crecientes de la población y para que el Estado pudiera enfrentar los nuevos retos de la economía. De allí que, desde 1904, Uribe Uribe propiciase una vía doctrinaria dirigida a proteger los intereses de las nuevas clases trabajadoras y a dotar al estado de medios de intervención para cumplir ese fin, lo que en su momento se denominó socialismo. En 1922, el candidato liberal Benjamín Herrera fue vencido en las urnas para la presidencia, el partido asimiló el golpe y actuó positivamente. Corrió sus fronteras ideológicas hacia la izquierda. Convocó en Ibagué una convención en 1922, de la cual surgió la renovación doctrinaria del partido, al incorporar las reivindicaciones sociales de "las clases proletarias", como textualmente se leía, los elementos entonces novedosos y proscritos de la seguridad social como el pago de prestaciones sociales y del descanso dominical para el trabajador, la jornada de ocho horas de trabajo, etc. También decidió el partido promover la educación, de acuerdo con sus valores, uno de cuyos resultados fue la fundación de la Universidad Libre y la incorporación con su práctica y sus programas progresistas, de una juventud que luego desempeñaría un papel fundamental durante la República Liberal.

El siglo XX, que fue el de los totalitarismos, también fue el de la Revolución social. Primero fue la Revolución Mejicana, de contenido fuertemente campesino y agrario, bajo la cual se inauguró el constitucionalismo social con su Constitución de 1917. Luego, en la Alemania de la posguerra se produjo la República de Weimar, primer experimento de corte socialdemócrata, que dejó como uno de sus legados la Constitución del 1919. En 1931 se dictó una Constitución para la nueva República española. Estos instrumentos constitucionales incorporaban lo social, incluían las nuevas tendencias del derecho progresista, superaban el liberalismo clásico al dar instrumentos al Estado para la regulación de la economía y para proteger a los sectores desvalidos. A partir de 1933, Franklin D. Roosevelt inauguró el período más progresista en la historia de los Estados Unidos, bajo el nombre de Nuevo Trato (o New Deal). En medio de la mayor crisis económica vivida por el capitalismo, Roosevelt desarrolló nuevas políticas para proteger a los trabajadores, dotarlos de prestaciones sociales, proveer a la asistencia social y crear mecanismos de intervención que permitieran al Estado afrontar la crisis. En todos estos casos se trataba de la nueva tendencia del liberalismo social, motejada por algunos como socialismo. Todas estas experiencias eran discutidas y asimiladas por la nueva juventud liberal que en la cátedra se nutría de las enseñanzas de maestros como Tulio Enrique Tascón o de las lecturas del constitucionalista francés Leon Duguit.

La Reforma Constitucional de 1936:

Durante la Revolución en Marcha, y con la Reforma Constitucional y las leyes y políticas que la desarrollaron, el Partido Liberal Colombiano dio el paso democrático del liberalismo tradicional al liberalismo social. En la Reforma de 1936 no se abjura de los principios liberales clásicos en cuanto a libertades. Por el contrario, se retoman las consagradas en 1863 y que la Regeneración y la Constitución de 1886 borraron. Por ejemplo, se reiteraron los derecho ciudadanos, la libertad de expresión, la libertad de conciencia, la libertad de cultos pero no en la forma limitada de 1886 cuando se decía que se "tolerará" el ejercicio de los cultos, sino en forma más firme y contundente " se garantiza", su ejercicio. Así mismo se estableció el sufragio universal y directo, el cual había sido consagrado en 1858, mantenido en Rionegro y practicado por algunos Estados federales y abolido en 1886. Pero la Reforma del 36 avanzó hacia nuevos postulados, hasta el punto de que algunos tratadistas consideran que por su contenido más que de una reforma de lo que se trata es de una nueva constitución. De entrada, se propusieron nuevos parámetros con respecto al sentido de las obligaciones de las autoridades de la República, las cuales están constituidas para proteger la vida, honra y bienes de los residentes en Colombia y, esto era lo nuevo y fundamental, "para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares" (Art. 9). Se superó el concepto tradicional y arcaico de la propiedad como algo absoluto y se estableció que ella tiene una función social e implica obligaciones (Art. 10). Se consagró la intervención del Estado"...en la explotación de industrias o empresas públicas y privadas, con el fin de racionalizar la producción, distribución y consumo de la riqueza, o de dar al trabajador la justa protección a que tiene derecho" (Art. 11). Se estableció la asistencia pública como una función del Estado (Art. 16). Al mismo tiempo, se dijo que el trabajo es una obligación social que gozará de la especial protección del Estado (Art. 17). Se garantizó el derecho de huelga (Art. 20) [3]. Según palabras de Gerardo Molina, quien como senador fue uno de los autores de la reforma, " Las cartas anteriores eran esencialmente políticas, y su capacidad innovadora se agotaba en temas como el centralismo, el de las relaciones entre la Iglesia y el Estado y el del alcance de las libertades individuales. En 1936 la cuestión social tuvo amplio cauce, y así se le dio cabida a problemas como el de la tierra, el de la protección al trabajo, la asistencia pública y la enseñanza obligatoria. Esto era suficiente para destrozar los nervios de los amigos del orden tradicional". [4]

El liberalismo que llegó al poder en 1930 estaba renovado en su ideología y en sus cuadros y quería realizar los cambios que venía proponiendo en sus programas. La Reforma Constitucional de 1936 fue la columna vertebral de las transformaciones realizadas durante la Segunda República Liberal, iniciadas en el mandato de Olaya, impulsadas y profundizadas en el de López Pumarejo y consolidadas en el de Eduardo Santos. Con base en la reforma, se dictó la Ley 200 de 1936 para favorecer a campesinos y aparceros; se adelantaron políticas benéficas para los trabajadores y se apoyaron las asociaciones gremiales de estos; se desarrollaron políticas progresistas en el campo de la educación; por medio de la Ley 45 de 1936 se borraron odiosas distinciones entre los hijos habidos en matrimonio o fuera de él. Por convertirse en portavoz de las clases populares, el Partido Liberal volvió a ser el partido del pueblo.

Lo que vino después fue una historia de vaivenes y retrocesos. Las dictaduras civiles y militares a partir de 1949, el plebiscito de 1957, que retrotrajo constitucionalmente muchos de los avances obtenidos en 1936. El Frente Nacional. El indoctrinarismo y el acomodamiento del partido. La pérdida de energía para producir cambios lo cual, hace ya varias décadas, llevó a Carlos Lleras Restrepo a decir del Partido Liberal que parecía un buey cansado. Al iniciarse este nuevo milenio, el Partido Liberal se encuentra ante nuevos retos. Perdió las mayorías automáticas que mantuvo durante sesenta años. Por falta de claridad y conducción, no hace vibrar al pueblo en la misma forma de antes y la juventud, sin encontrarlas, busca respuestas en el Partido Liberal para los nuevos problemas y las nuevas situaciones. El futuro dirá si una vez más el Partido Liberal es capaz de responder o si, por el contrario, será sólo motivo de conmemoraciones en los festivales del recuerdo y tema para los historiadores. Ambas opciones son posibles. En el caso de que se intente la primera, el camino está en dar respuestas progresistas a la nueva problemática, en ser fiel a los principios clásicos encarnados en 1863, y en dar el paso democrático en defensa del pueblo, de las minorías y de los desvalidos, tal como lo hizo en 1936. Este es el camino.

 
 
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